El 18 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos validó una ley del estado de Tennessee que prohíbe a las personas menores de 18 años acceder a tratamientos médicos de afirmación de género, como bloqueadores de pubertad, terapias hormonales o cirugías. La decisión, adoptada por una mayoría de seis votos contra tres, marca un precedente judicial de profundo impacto para los derechos de las personas trans y las libertades individuales en ese país.
La Corte sostuvo que esta legislación no viola la Constitución, aplicando el estándar de “revisión racional”, según el cual basta con que una ley tenga un propósito legítimo (en este caso, proteger la salud de los menores) y que el medio elegido para alcanzarlo no sea arbitrario. Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que discrepó de la postura mayoritaria de la Corte, advirtió que el fallo “autoriza un daño incalculable”, abandona a los niñxs trans y sus familias “a caprichos políticos” y representa un abandono del deber constitucional de garantizar a todas las personas igual protección de la ley.
Uno de los principales cuestionamientos jurídicos que se ha hecho a este tipo de leyes es que podría violar la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe a los estados “negar a persona alguna, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Esta enmienda ha sido la base de numerosos fallos históricos en materia de derechos civiles, raciales, sexuales y de género. Es por ello, que el impacto de este tipo de decisiones no se restringe únicamente a las personas trans y sus familias. Lo que está en juego es mucho más profundo: se trata del alcance real de la democracia y del respeto por las libertades fundamentales. Cuando el Estado legisla o sentencia sobre aspectos íntimos e identitarios de la ciudadanía —como la vivencia del género o las decisiones sobre el propio cuerpo—, se cruza una línea peligrosa que compromete el fuero interno, ese espacio inviolable donde cada persona construye su identidad y define su proyecto de vida. La identidad de género forma parte de ese núcleo esencial de autonomía individual que no debería estar sujeto a autorización del poder público ni al vaivén de mayorías circunstanciales. En ese sentido, permitir que el legislativo o el judicial intervengan en decisiones profundamente personales, bajo pretextos morales o ideológicos, no solo vulnera los derechos de una minoría: socava el fundamento mismo de la libertad en una sociedad democrática. Lo que se erosiona aquí no es solo la dignidad de las personas trans, sino el principio general según el cual nadie, ni siquiera el Estado, puede dictarle a otro cómo debe vivir o quién puede ser.
Más allá del caso puntual de Tennessee, esta decisión consolida una ola legislativa que viene creciendo con fuerza desde 2021. Según el Williams Institute, al menos 27 estados han aprobado leyes que restringen total o parcialmente el acceso de menores trans a cuidados médicos de afirmación de género. De estos, 19 imponen prohibiciones totales, seis lo hacen de forma parcial, por ejemplo, solo prohíben cirugías o tratamientos hormonales, y dos están suspendidas por litigios judiciales. Según la misma fuente, alrededor de 105.000 jóvenes trans viven actualmente en estados donde estas leyes ya están vigentes. Eso equivale a casi el 40 % de la población trans menor de edad en Estados Unidos.
El aumento de este tipo de legislación prohibicionista y negacionista ha sido acelerado. En 2021, Arkansas se convirtió en el primer estado en aprobar una prohibición total. Le siguieron Alabama, Texas, Arizona y Utah. Pero fue en 2023 cuando se produjo el mayor salto: 19 nuevos estados aprobaron restricciones, en muchos casos acompañadas de sanciones civiles o penales contra profesionales de la salud que las incumplan. En 2024 y 2025, las leyes se han sofisticado, incluyendo medidas como la prohibición del uso de telemedicina, la notificación obligatoria a padres, y hasta la obligación de retirar tratamientos previamente iniciados.
El impulso detrás de esta legislación no es espontáneo. Diversas investigaciones han documentado la participación activa de grupos como Alliance Defending Freedom (ADF), Family Policy Alliance, Heritage Foundation y Liberty Counsel en la promoción, asesoría legislativa y defensa legal de estos proyectos. En el caso específico de la ley SB1 de Tennessee, ADF participó en su defensa judicial, presentando argumentos legales en respaldo de la constitucionalidad de la norma y del derecho del Estado de regular los cuidados afirmativos de género.
Alliance Defending Freedom (ADF) es reconocida por su agenda de oposición sistemática a los derechos LGBTQ+ y ha sido clasificada como una organización extremista por el Southern Poverty Law Center. Sus argumentos, presentados bajo el telón de la “protección infantil”, forman parte de una narrativa más amplia que promueve la restricción de las libertades individuales y una biopolítica desde un fundamentalismo religioso.
Estas restricciones se imponen a pesar de que existe un amplio consenso científico sobre los beneficios de los cuidados afirmativos para adolescentes trans. Instituciones como la Asociación Médica Estadounidense (AMA), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Endocrine Society han respaldado públicamente el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas bajo protocolos clínicos seguros, destacando que estas intervenciones pueden reducir significativamente la ansiedad, la depresión y el riesgo de suicidio. Estudios recientes han mostrado que quienes acceden tempranamente a estos tratamientos experimentan mejoras sostenidas en su salud mental, funcionamiento psicosocial y sentido de identidad.
En este contexto, resulta preocupante la politización de decisiones médicas, subordinando criterios clínicos al mandato ideológico de legisladores y jueces. La incongruencia de género está reconocida por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como una condición relacionada con la salud sexual, lo cual implica un reconocimiento expreso de la necesidad de cuidados médicos especializados, basados en evidencia y adaptados a la realidad de cada paciente. Cuando se criminaliza o se prohíbe el acceso a estas intervenciones desde el poder legislativo o judicial, se erosiona la relación médico-paciente, se vulnera el principio de autonomía profesional, se desconoce el consentimiento informado y se compromete la calidad de atención, convirtiendo a la medicina en un campo de disputa ideológica, en lugar de una herramienta para el cuidado de la vida.
Estas legislaciones también omiten deliberadamente el principio del “menor maduro” (mature minor doctrine), vigente en varios estados de EE. UU., según el cual adolescentes que demuestran suficiente capacidad de comprensión pueden tomar decisiones médicas sin necesidad de consentimiento de sus padres. Este principio no solo ha sido clave en otras áreas como la salud sexual, los tratamientos psicológicos o la vacunación, sino que también encuentra respaldo en el marco internacional de derechos humanos, particularmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de los menores a ser escuchados y a participar progresivamente en decisiones que afectan su vida, incluyendo su salud.
Esta decisión de la Corte Suprema consolida un escenario regresivo, no solo para el contexto estadounidense al abrir la puerta para que más estados implementen restricciones similares con una mayor dificultad para ser impugnadas, sino que también, cuando los derechos retroceden en un país que se erige como referente global de libertades, las consecuencias alcanzan a toda la región, pues envía un respaldo a gobiernos y sectores conservadores que, en distintos países, están promoviendo leyes similares bajo discursos de proteger a las infancias y defender la familia.
Estados Unidos se enfrenta hoy a un desafío decisivo en cuanto al reconocimiento de las libertades individuales y la defensa de su democracia. Garantizar la igualdad ante la ley para las personas trans no es solo una cuestión de justicia, sino una prueba de coherencia con los principios que históricamente ha proclamado defender. La historia dirá si esta sociedad estuvo a la altura del momento. Lo que si puede decirse es que, si por aquí llueve por allá no cesa la horrible noche.
