El pasado 25 de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, Angela Davis dijo: “A las mujeres trans negras no se les permite representar a las mujeres negras; normalmente se las imagina como una categoría aparte de las mujeres negras asignadas al nacer. Pero lo que me gustaría sugerir es que, si le prestamos atención a las problemáticas que son pertinentes para las mujeres trans negras, todas las mujeres negras nos beneficiaremos”.
En efecto, a las mujeres trans negras no se les permite representar a las mujeres cisgénero negras. Voy incluso más atrás: no se les considera plenamente humanas. A partir de esto me pregunto: ¿cómo puede una mujer trans negra ser tratada y respetada como un ser humano en un país como Colombia? ¿A qué se reduce el cuerpo, la psiquis, el talento, la vida misma de las mujeres trans negras en nuestra sociedad? ¿Acaso reconocerlas como seres humanos no beneficiaría a la humanidad entera?
Si hacemos el ejercicio de imaginar la vida de una mujer trans negra, es probable que lo primero que surja en nuestra mente sea la imagen distorsionada que los medios de comunicación han construido sobre nosotras: cuerpos monstruosos, con mínimas posibilidades de ser y existir; personas sin un territorio que defender, siempre en disposición de lucha o de huida; vidas reducidas a la resistencia constante. Esa representación, profundamente racista y transfóbica, vacía nuestros cuerpos de humanidad y nos despoja de la complejidad que nos define: la capacidad de amar, de crear, de habitar, de soñar, y de reclamar un lugar en el mundo que no esté condicionado por la violencia estructural. Es aquí donde toma sentido una ley como la ley integral trans.
Para tener derechos, primero hay que ser vista como un ser humano. Quienes se oponen a una ley integral trans, se oponen, en esencia, a considerar como seres humanos a las personas trans, pues en la práctica, los derechos plenos y la ciudadanía están reservados a quienes son reconocidos como tales. Reconocer que las personas trans hemos sido sistemáticamente excluidas de las conversaciones sobre vidas dignas ha sido un paso importante para, que, en este momento coyuntural, se abandere esta ley, y se tenga en cuenta las voces de las mujeres trans negras. Desde una perspectiva interseccional, no estamos presentes como un gesto simbólico o decorativo, sino como parte estructural e innegociable de los procesos políticos, sociales, que se tuvieron en cuenta para construir esta ley.
La Ley Integral Trans reconoce cómo se cruzan y potencian las desigualdades. Comprende que las experiencias y obstáculos de una mujer trans negra son distintos a los de una mujer trans mestiza o indígena, y que esas diferencias deben ser tenidas en cuenta para diseñar medidas específicas. Por ello, su construcción incluyó la necesidad de responder a desigualdades múltiples que enfrentan las mujeres trans en función de su raza, origen étnico, territorio y clase social.
Sin embargo, entre el reconocimiento legal y la vida real hay una brecha profunda. La implementación de la ley, que esperamos abanderar las personas trans, luego de ser ley será un reto mayor pues acceder a derechos implica sortear barreras concretas, que varían según el territorio. En los pueblos más alejados de Colombia —especialmente en aquellos habitados por comunidades negras e indígenas— ser trans implica una marginación múltiple. En muchos de esos lugares, ni siquiera es posible existir abiertamente como persona trans debido a la persistencia de la violencia armada, la ausencia de garantías estatales y el peso de sistemas patriarcales que limitan las formas de habitar el cuerpo y el territorio.
Es una urgencia política, como lo ha planteado la construcción de esta ley, que se reconozcan de manera explícita las realidades de las mujeres trans negras desde la radicalidad geográfica que habitan. Esto implica no solo nombrar, sino comprender profundamente lo que significa ser trans en todos los territorios del país, llevando a cuestas, además, la marca racial de ser negra, indígena o mestiza. La geografía no es neutra: las desigualdades se agudizan en zonas rurales, apartadas o con baja presencia institucional, donde las posibilidades de acceso a derechos básicos como la salud, la educación o el trabajo digno se ven drásticamente reducidas.
Ya se ha iniciado la tarea de reflexionar sobre las desigualdades más profundas y de proponer acciones estructurales para enfrentar problemas que también son estructurales, como la intersección entre racismo y transfobia. Sin embargo, este esfuerzo no puede quedarse en un ejercicio declarativo ni recaer únicamente sobre los hombros de las personas trans o de quienes redactaron la ley. Es una responsabilidad colectiva de toda la sociedad colombiana, que requiere voluntad política, recursos suficientes y un compromiso real para transformar las condiciones materiales de vida. De nada sirve una ley, que ha costado múltiples esfuerzos si, en la práctica, las mujeres trans negras siguen enfrentando la violencia policial, el desempleo forzado, la falta de atención médica integral y el desarraigo de sus comunidades. Para esto fue creada la ley, ahora hagámosla realidad y como dijo Ángela Davis al principio pensando en las mujeres trans negras, nos beneficiamos todas, ¿no?
