¡HABLAR DE SALUD TAMBIÉN ES HABLAR DE JUSTICIA!
Hablar hoy en esta audiencia no es solo una oportunidad institucional. Para nosotres, las personas trans, es un acto de dignidad. Porque este proyecto de ley tiene el potencial de reparar una deuda histórica que el Congreso ha postergado por demasiado tiempo.
Durante más de dos décadas, los derechos de las personas trans no han sido reconocidos desde este recinto. Han sido conquistados, uno a uno, desde las calles y los estrados judiciales. Ha sido la Corte Constitucional, y no el Congreso, quien ha tenido que recordarle al Estado que nuestra salud es un derecho, no un favor; que nuestras identidades no son una enfermedad, y que nuestras vidas merecen protección, cuidado y respeto.
Mientras tanto, el Congreso ha sido escenario de silencios, evasivas e incluso retrocesos. Se ha negado a legislar a favor de las personas trans, y cuando lo ha intentado, ha sido superado por la desinformación, el miedo o el cálculo político. Por eso, hoy queremos hablar con la fuerza de la evidencia y la urgencia de la vida, sobre un tema impostergable: la garantía del derecho a la salud y a la seguridad social para las personas trans en Colombia.
Porque hablar de salud también es hablar de justicia.
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce la salud como un derecho fundamental y obliga al Estado a garantizar servicios disponibles, accesibles y de calidad para todas las personas, sin discriminación. Sin embargo, entre lo que dicen las normas y lo que vivimos las personas trans hay una distancia dolorosa.
Un diagnóstico nacional realizado por el Ministerio del Interior y el Programa PAIIS en 2018, reveló que:
- El 56% de las personas trans encuestadas reportó haber sufrido algún tipo de agresión por parte de personal médico.
- Más del 80% señaló que el personal de salud no cuenta con la capacitación ni la sensibilidad necesaria para brindar atención adecuada.
- El 64% afirmó que el personal médico utilizó estereotipos de género al interactuar con elles.
- Y el 75% aseguró que los prestadores no tienen claridad sobre los requisitos ni procedimientos para su atención o tratamiento.
Estas cifras no son números aislados. Son rostros, cuerpos e historias que muestran una realidad sistemática de exclusión. Tanto así, que el 27% de quienes iniciaron su proceso de afirmación de género dentro del sistema de salud decidieron abandonarlo y continuar por fuera, ya sea automedicándose o recurriendo al apoyo de pares sin formación médica
A esto se suma que el 73% de las personas fueron obligadas a asistir a consulta psiquiátrica para poder acceder a tratamientos hormonales, y al 69% se le exigió un diagnóstico médico como requisito. El 42% manifestó haber sufrido agresiones por parte de profesionales en servicios de psiquiatría o psicología. Y un preocupante 39% indicó que no se les habían realizado los exámenes clínicos necesarios para un seguimiento adecuado.
Además, Colombia no cuenta con registros epidemiológicos claros sobre la salud de la población trans. No sabemos con certeza cuáles son las enfermedades más frecuentes ni cuáles son las causas clínicas de nuestras muertes. Nuestra salud, simplemente, no ha sido prioridad.
Frente a esta realidad, el Proyecto de Ley Integral de Identidad de Género —en sus artículos 24 y 25— propone medidas urgentes, viables y necesarias para saldar esta deuda histórica.
¿Qué propone el proyecto de ley en el capítulo de salud y seguridad social?
- Reconocer el derecho a la salud como fundamental y diferencial, con enfoque interseccional, entendiendo que la exclusión ha sido estructural y sistemática.
- Prohibir la patologización. Establece que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a evaluaciones psiquiátricas, hormonales o quirúrgicas como condición para acceder a servicios, derechos o reconocimiento legal. Esto alinea al país con estándares internacionales como los Principios de Yogyakarta y la versión más reciente de los Estándares de Atención de WPATH (2022).
- Garantizar el acceso a servicios de afirmación de género dentro del SGSSS, incluyendo hormonización, cirugías, y acompañamiento psicosocial, todo bajo consentimiento informado y sin judicialización.
- Brindar atención libre de discriminación, asegurando el uso del nombre identitario, los pronombres elegidos y un trato libre de juicios morales. El personal de salud deberá contar con formación específica en enfoque de género y diversidad.
- Diseñar rutas de atención especializadas, ajustadas a las realidades de personas trans en situación de reclusión, desplazamiento o vulnerabilidad extrema.
Todo esto no es una concesión. Es el cumplimiento de más de dos décadas de sentencias de la Corte Constitucional que han protegido nuestros derechos frente a la omisión legislativa. Es la materialización de resoluciones, circulares y manuales que existen, pero que hoy siguen sin cumplirse por falta de una ley clara, comprensiva y vinculante.
No legislar este proyecto sería perpetuar el caos normativo y el abandono institucional. Significaría que una persona trans tenga que convertirse en abogada para poder ejercer su derecho más básico: ir al médico sin ser humillada.
Como lo establece el principio de progresividad constitucional, ningún derecho ganado puede ser regresivo. Hoy el Congreso tiene la posibilidad de corregir el rumbo y avanzar hacia un sistema de salud que reconozca a todas las personas como sujetas de derechos, sin excepciones.
La salud de las personas trans no puede seguir dependiendo de la suerte de encontrar una EPS dispuesta o un juez empático. Necesitamos garantías estructurales, no favores individuales.
Por eso, desde la Liga de Salud Trans, les pedimos legislar con valentía, con humanidad y con altura. Que no permitan que esta sea otra legislatura que le da la espalda a las vidas trans. Aprueben esta ley como un acto de justicia, de reparación y de responsabilidad democrática.
Porque cuando garantizan nuestra salud, garantizan también nuestro derecho a existir.