En el marco del Día del Orgullo en Colombia, Sebastián León-Giraldo y Juli Salamanca, integrantes de la Liga de Salud Trans, reflexionan sobre una pregunta urgente: ¿cómo convertir la fuerza colectiva del orgullo en garantías reales para las personas trans y no binarias?. La columna propone que la justicia estadística (el derecho a ser reconocidas en los sistemas del Estado y a que los datos oficiales reflejen la diversidad real de la Sociedad), sea parte fundamental de las próximas agendas del movimiento amplio de diversidad sexual y de género.
El Pride suele presentarse como una celebración de la diversidad. Las calles se llenan de banderas, música, cuerpos que bailan, instituciones que publican mensajes de inclusión y marcas que, por unos días, descubren los colores del arcoíris. Esa alegría importa y no debería minimizarse, sobre todo porque para muchas personas que durante años fueron obligadas a esconderse, a cambiar su forma de hablar o a negociar su identidad en espacios familiares, educativos, laborales e institucionales, ocupar la calle con el propio cuerpo, el propio nombre y la propia historia sigue siendo una conquista política y afectiva.
Sin embargo, también es cierto que muchas personas trans y no binarias han tomado distancia crítica de esa celebración. No porque el orgullo no importe, sino porque demasiadas veces el Pride se queda en lo conmemorativo, en la foto, en el comunicado o en una idea amplia de diversidad que no alcanza a nombrar las condiciones concretas en las que viven las personas trans. Cuando todo entra bajo una misma sigla, puede parecer que todas las letras enfrentan las mismas violencias, las mismas barreras y las mismas consecuencias. Esa forma de nombrar, aunque ha sido útil para construir alianzas y abrir conversaciones públicas, también puede terminar invisibilizando diferencias que son fundamentales para orientar las respuestas del Estado y del propio movimiento.
Para muchas personas trans y no binarias, el Pride no es solo la posibilidad de ser vistas, sino la esperanza de que esa presencia se traduzca en una vida menos precaria, menos expuesta y con más garantías. Por eso, esta columna también es una invitación directa al movimiento amplio de diversidad sexual y de género: necesitamos que la justicia estadística para personas trans sea parte central de las próximas agendas colectivas. No como un tema técnico ni como una demanda aislada de las organizaciones trans, sino como una condición para que las promesas de igualdad puedan convertirse en presupuestos, políticas públicas, rutas de atención, programas sociales, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas.
El problema, entonces, no es el orgullo, sino un orgullo que puede volverse cómodo cuando celebra una diversidad abstracta, pero no siempre pone en el centro las condiciones materiales de vida de quienes enfrentan mayor exposición, desprotección y violencia. En Colombia, distintas fuentes institucionales y de organizaciones sociales han mostrado que las personas trans, y las personas de género diverso se encuentran entre quienes enfrentan mayores niveles de riesgo dentro del universo amplio de la diversidad sexual y de género. Por eso, cuando las personas trans son nombradas como símbolo de diversidad, pero sus demandas no son asumidas como una prioridad política, la inclusión corre el riesgo de quedarse en la marcha, en el escenario o en la campaña institucional, sin llegar a los presupuestos, los indicadores, las políticas públicas o los mecanismos de rendición de cuentas.
No se trata de negar las alianzas ni de fragmentar las luchas. Se trata de reconocer que la solidaridad no consiste en decir que todas las personas viven lo mismo, sino en mirar con más precisión dónde se concentran los riesgos, quiénes han sido históricamente más expuestas y qué respuestas específicas se necesitan para que la igualdad no sea solo una palabra bonita. Cuando el Estado, los medios o incluso el movimiento hablan de manera general sobre “población diversa”, pueden producir una inclusión demasiado amplia para responder a daños muy concretos.
Desde la Liga de Salud Trans hemos insistido en que una de esas respuestas debe ser la justicia estadística, entendida como el derecho a ser reconocidas en los sistemas del Estado y a que los datos oficiales reflejen la diversidad real de la sociedad. Aunque puede sonar como un asunto técnico, en realidad es profundamente político, porque no se trata de contar por contar ni de reducir vidas complejas a números, formularios o categorías administrativas, sino de producir información que permita identificar desigualdades, orientar presupuestos, diseñar políticas públicas, evaluar la acción estatal, reconocer fallas institucionales y exigir responsabilidades, sin convertir los datos en una nueva forma de exposición, control o borramiento. Cuando el Estado no cuenta con información suficiente sobre las condiciones de vida de las personas trans, sus obligaciones quedan sin escala: no sabe cuánto debe invertir, dónde debe intervenir primero, qué instituciones están fallando ni cómo evaluar si sus políticas llegan a quienes más las necesitan.
Por eso, la justicia estadística no solo permite mirar a las personas trans y no binarias, sino también mirar al Estado. Permite preguntarle dónde está fallando, qué instituciones no responden, qué programas no llegan, qué presupuestos son insuficientes y qué promesas se quedan en lenguaje de inclusión sin transformación material. Sin datos adecuados, la inclusión no tiene presupuesto; sin presupuesto, la inclusión se vuelve promesa; y una promesa sin recursos rara vez cambia la vida de quienes más la necesitan.
Esta agenda, por supuesto, exige cuidado. Las personas trans no necesitan más sistemas que las vigilen, las expongan o las clasifiquen sin protección, especialmente porque la historia del Estado no siempre ha sido una historia de cuidado. Muchas veces ha sido también una historia de control, sospecha, patologización y borramiento. Por eso, pedir justicia estadística no significa pedir más datos de cualquier manera, sino exigir información construida con participación de organizaciones trans, con criterios de seguridad, con categorías respetuosas, con transparencia sobre el uso de los datos y con mecanismos reales para convertir esa información en derechos, recursos y acciones concretas.
Esa debería ser una de las próximas luchas del movimiento amplio de diversidad sexual y de género: impulsar la justicia estadística para personas trans como una agenda común. No como un tema secundario ni como una discusión reservada a especialistas, sino como una condición para que las vidas trans no estén presentes solo en la marcha, en el escenario o en el discurso institucional. También deben estar en los lugares donde se definen prioridades, recursos públicos, programas sociales, rutas de atención y mecanismos de rendición de cuentas.
El Pride nos enseñó a ocupar la calle, pero ahora también necesitamos que esa fuerza colectiva entre en las discusiones donde se deciden prioridades, indicadores y recursos públicos. Lo que no se cuenta bien difícilmente se presupuesta; lo que no se presupuesta difícilmente se implementa; y lo que no se implementa se queda en promesa, en discurso o en bandera de temporada. La invitación, entonces, no es a abandonar el orgullo, sino a ampliarlo. A hacer que la fuerza colectiva que cada año ocupa las calles también ayude a transformar los sistemas donde se definen los recursos, las prioridades y las responsabilidades del Estado. Quizá esa sea una forma más profunda de entender el orgullo: no solo como la posibilidad de ocupar la calle y celebrar una existencia que durante demasiado tiempo fue obligada a esconderse, sino también como el derecho a tener futuro. Porque proteger vidas trans también implica construir un Estado capaz de ver, escuchar, presupuestar y responder. Y porque un futuro democrático no puede seguir siendo un futuro sin nosotras, sin nosotres, sin las vidas trans que este país todavía no ha aprendido a cuidar.